Toda persona, desde un aspecto humano y legal, tiene derecho al descanso, incluso al descanso obligatorio. Nos preguntamos si en estos días, con motivo de Semana Santa o de Pascua, la clase política y gobernante de México está gozando de esta prerrogativa aún por razones de salud.
No pretendemos cuestionar sus actividades de descanso o esparcimiento, sino considerar la importancia de su salud como responsables de la política nacional y como servidores públicos inmersos en cuestiones y decisiones que impactan a toda la población. La ciencia y la sabiduría coinciden en que todo ser humano, para gozar de una vida saludable, debe atender necesariamente su salud física, emocional y mental.
Desde esta perspectiva, la salud de los altos funcionarios gubernamentales ¿debe ser considerada una información pública? Por su alcance y diagnóstico, ¿exactamente cuál de las tres dimensiones debemos valorar? Siempre armonizando su derecho a la privacidad y a la intimidad con el derecho a la transparencia y el acceso a la información pública.
En 2013, Daniel Moncada de Movimiento Ciudadano, expuso un asunto de gran trascendencia en la coyuntura que vivía Michoacán, y de manera propositiva sugirió que se podía superar la incertidumbre generada en torno a la situación de salud del entonces gobernador con licencia. Indicó que cuando se ocupa un cargo de elección popular, la vida privada se minimiza y la vida pública se maximiza, e incluso, buena parte de lo privado es de interés general para la sociedad.
En virtud de que el diseño constitucional mexicano da gran peso a la figura del Jefe del Ejecutivo, debería generarse una discusión que lleve a estándares mínimos para crear un equilibrio entre el derecho a la vida privada del gobernante y el derecho de la sociedad a conocer el impacto que un problema de salud puede tener en su gestión, como afirma Juan Carlos Romero en un interesante artículo en Letras Libres.
En un análisis para la UNESCO, Alejandro Fuenmayor señala que en la Sociedad de la Información, el derecho de acceso a la información pública del Estado por parte del ciudadano responde a la exigencia de que su derecho a la información y a la comunicación se corresponda con una auténtica democratización, en el sentido de que este derecho pueda estar accesible al alcance de todos sin distinción de raza, credo, nacionalidad o condición social.
Así, la salud física u óptimo funcionamiento fisiológico del gobernante resulta fundamental para la gestión pública; lo mismo que su salud mental que, según Suhail Velázquez, se refiere a la forma en como manejan su vida diaria y la forma en la que se relacionan con los demás en distintos ambientes. Y ¿la salud emocional? ¿Ese manejo responsable de sus sentimientos, pensamientos y comportamientos; reconociéndolos, aceptándolos, integrándolos y aprovechando la energía vital que generan para ponerlos al servicio de los valores?
DEMOCRACIA AMENAZADA
Interesante reto del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y, principalmente de su Sistema Nacional, ante estos temas que, estamos seguros, serán exigencia ciudadana ante tanta corrupción y populismos de izquierda, centro y de derecha que presagian autoritarismos y dictaduras.
Ve el artículo original en El Economista, da click aquí
