Sumido en un sistema de justicia penal en crisis y profunda transformación, México pierde la batalla contra la delincuencia.
En ese contexto, la Cámara de Senadores discute duplicar la pena de prisión para los secuestradores hasta alcanzar, en los casos más graves, 140 años de cárcel. Los senadores argumentan que es un mensaje de que habrá castigos ejemplares cuando se prive de la libertad a una persona y se le torture o quite la vida.
Pero la experiencia ha demostrado que al endurecer la sanción de los delitos graves se suelen cometer errores. Apenas en octubre de 2010 los legisladores aprobaron la entonces novedosa Ley Antisecuestro para, supuestamente, inhibir ese delito y sancionaron con máximo 70 años de cárcel a los plagiarios.
Desde entonces los secuestros siguen imparables y aumenta el número de víctimas que no regresan con sus familias. A menos de cuatro años la situación ha empeorado. Las procuradurías estatales reportaron 278 expedientes de secuestro en los dos primeros meses de 2014, en enero y febrero de 2013 registraron 250 y en 2012 fueron 222. Todo esto sin considerar la altísima cifra negra de secuestros no denunciados.
Se comprobó que aumentar las penas no inhibió el secuestro, a pesar de ser este delito el que más agravia y más impacta la percepción de inseguridad en la población.
De 2007 a 2012 los secuestros se incrementaron 250% y el gobierno estimó que era consecuencia de la guerra contra el narcotráfico. Decidió privilegiar la detención de narcotraficantes apoyado por el ejército y la marina, sin una estrategia integral que garantizara disminuir los secuestros y frenar la impunidad.
Se soslayaron aspectos como reorganizar, depurar, reclutar, capacitar y corregir a los operadores del sistema de justicia -ministerios públicos, policías, peritos, jueces y abogados- para enfrentar la crisis. Pero terminó dominando la discrecionalidad, incompetencia, arbitrariedad, corrupción y burocracia.
Nótese que con los mismos recursos se ha querido resolver un robo que un secuestro y, como resultado, la procuración y administración de justicia penal se atomiza ante la imposibilidad de disminuir y resolver los casos de plagios.
Se deben investigar científicamente todos los ilícitos y castigar a los delincuentes, pero lo más importante es reparar el daño a las víctimas. La eficacia del derecho penal está reprobada y el Estado muestra apatía. Es mucho más eficaz procurar que los culpables no queden impunes, que elevar las penas.
Ceda, ejemplo de desarrollo productivo
El Fideicomiso para la Construcción y Operación de la Central de Abasto (CEDA) de la Ciudad de México, dirigido por Julio Serna Chávez, se está consolidado como un moderno enclave para el desarrollo económico y social en el país.
Estamos hablando del eje estratégico del sistema de abasto alimentario que más contribuye a la regulación del mercado para ofrecer al consumidor la más alta calidad de productos y precios.
En los últimos meses es notable el cambio positivo de su infraestructura con programas de modernización y mejoramiento de sus operaciones e instalaciones en beneficio de los comerciantes y de sus miles de visitantes.
