En años recientes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido resoluciones históricas e influyentes: el amparo a cuatro personas para el uso recreativo de marihuana, el respaldo a la evaluación magisterial planteada por la reforma educativa y la inconstitucionalidad por definir el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer en los Códigos Civiles estatales, entre otras.
En días pasados, la SCJN volvió a dar la nota al resolver en forma inédita un asunto relacionado con la seguridad nacional. Por mayoría de votos, los ministros determinaron que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) debe entregar información detallada sobre sus intervenciones en comunicaciones privadas; se le pide que atienda la solicitud del INAI, que preside Ximena Puente, y dé a conocer el número de personas y dispositivos intervenidos sin orden judicial en 2014.
Como órgano de inteligencia, el Cisen es responsable de preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. Y es evidente que la generación de inteligencia estratégica, táctica y operativa exige legítima reserva y sigilo. En ello se fundó el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, al interponer un recurso de revisión basado en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pero el ministro Arturo Zaldívar cuestionó que no presentó prueba mínima del posible daño a la seguridad nacional.
Pese a que el presidente de la SCJN, Luis María Aguilar, objetó los “exagerados” criterios que a veces utiliza el INAI para obtener información pública en aras de la transparencia, los 10 ministros que votaron a favor del proyecto de sentencia del ministro José Ramón Cossío consideraron que la solicitud originada de la “Red en Defensa de los Derechos Digitales”, a cargo de Luis Fernando García, no atenta contra la seguridad nacional porque atañe a la cantidad (estadística) y no a la identidad de los intervenidos ni al contenido de las comunicaciones oficiales.
Toda actuación del Estado debe estar orientada al interés social, entendido como la atención efectiva, cuidado o tendencia que tiene la sociedad o algún grupo de ella, en que no se le causen daños o perjuicios que, inclusive, puedan llegar a ser irreparables y, por ende, conseguir existan las condiciones esenciales para su desarrollo armónico.
Sin embargo, en México predomina la cultura de la opacidad, agravada por el rotundo fracaso gubernamental en seguridad pública, seguridad interior y seguridad nacional, respectivamente.
SEGURIDAD NACIONAL A DEBATE
En la era de la información, es muy pertinente revisar y redefinir el concepto de seguridad nacional y el marco legal que la regula. Hoy padecemos un choque de absolutos: de un lado, el deber y derecho a la transparencia y, del otro, la secrecía y exigencia de eficiencia de la seguridad nacional.
Lamentable que no existan garantías legislativas ni políticas públicas para salvaguardar los derechos y libertades de los buenos ciudadanos, y se abandone la responsabilidad de prevenir, disuadir y contener las amenazas o riesgos a México ante su seguridad pública fallida y su fragilidad paulatina en materia de seguridad nacional.
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