Bajo la máxima del “no pasa nada”, los mexicanos hemos vivido muy al margen de la cultura de los seguros. Riesgosamente al margen. Esta industria transita casi de noche en México, lo cual resulta difícil de comprender cuando desde hace miles de años la humanidad ha reconocido la necesidad de protegerse de pérdidas, daños y responsabilidades. En Babilonia, casi desde el año 1900 a.C., el Código de Hammurabi establecía indemnizaciones a deudos y sistemas para compartir las pérdidas de las caravanas que transportaban mercancías. Vendrían después las incipientes mutuales de los imperios griego y romano y, más recientemente, la cobertura médica de los aztecas, en la época de Moctezuma II, que ha sido comparada con un seguro de invalidez.
Pese a su larga historia y las necesidades globalmente reconocidas, el desarrollo de los seguros en nuestro país apenas representa una penetración de 2.1% al PIB, debajo de Brasil, Chile y Panamá, sólo considerando a América Latina. Según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), presidida por Mario Vela y dirigida por Recaredo Arias, únicamente 7.8 millones de mexicanos, equivalentes a 15% de la Población Económicamente Activa, cuentan con un seguro de vida individual. Y eso que éste es, por mucho, el ramo más extendido (41.6%) de la cartera del sector, contrastando con 19.2% de autos, 15.8% de accidentes y enfermedades, 6.8% de incendio y terremoto, 5.8% de pensiones y apenas 1.9% de responsabilidad civil.
De protecciones más complejas, ¿mejor ni hablamos? A pesar del gris panorama es urgente fomentar una verdadera cultura del ahorro y generar incentivos fiscales para obtener beneficios comunes con la industria aseguradora. Una gran veta de oportunidad la representa la nueva responsabilidad penal de las empresas, establecida en el Código Penal para el Distrito Federal en los artículos 27 y 27 bis, y en el Código Nacional de Procedimientos Penales (art. 421 y siguientes), toda vez que las corporaciones y sus administradores, respectivamente, enfrentarán situaciones vulnerables susceptibles de protección a través de seguros de responsabilidad penal.
Las pólizas conocidas como D&O (Directors and Officers) aplican para la defensa de directivos y representantes corporativos por decisiones o actos que, cometidos a cuenta de la empresa, pudieran ser causa de reclamación o delito. En el caso de las empresas, los contratos pueden cubrir algunos riesgos del negocio, pero no contemplan su responsabilidad penal directa. Las reformas legales sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas suponen nuevos desafíos para el sector de los seguros en México.
LLAMADO URGENTE
El exhorto que hizo el presidente Enrique Peña Nieto para dar mayor impulso a la cultura de los seguros y de la previsión era necesario y urgente. Al inaugurar la Convención de la AMIS 2015, el mandatario se refirió a la nueva Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y destacó la importancia de contar con un marco normativo que contribuirá a que más mexicanos se aseguren para proteger su vida y patrimonio. Ojalá se logre que la población en México no vea como enemigas a las aseguradoras.
