El 2013 quedó en la memoria histórica como “el año” de las reformas estructurales tan esperadas en México para avanzar en las libertades democráticas.
Pero en el caso de la reforma en telecomunicaciones existe incertidumbre sobre cómo se desarrollará el 2014 cuando, apenas en febrero, encontremos un escenario candente de desencuentros entre poderosos dueños de los medios de comunicación, que tocará dirimir jurídicamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Y eso que todavía no se discuten en el Congreso de la Unión las iniciativas sobre las legislaciones secundarias en esta materia.
Por tratarse las telecomunicaciones de un sector cada vez más estratégico, donde diversos intereses podrían verse afectados, además de tener como intención la apertura a una mayor competencia, la reforma constitucional derivará en constantes conflictos.
Hasta el momento se centran en el significado del llamado must carry-must offer. Por su parte, la empresa Dish la implementó como la posibilidad ilimitada de hacer llegar gratuitamente los canales abiertos a todos sus clientes. Mientras que Televisa logró que un Juez de lo Civil de la ciudad de México emitiera una intempestiva resolución para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) -encabezado por el comisionado presidente Gabriel Contreras Saldivar-, sea declarado incompetente para regular dicho cambio, alegando que la retransmisión viola sus derechos de autor. A su vez, TV Azteca argumenta que el IFT debe aclarar la relación entre Dish y Telmex y declarar la preponderancia de ésta última.
Como resultado de dicha resolución judicial, el IFT tuvo que suspender su deliberación al respecto y solicitó al Poder Ejecutivo Federal promover una controversia constitucional para que la SCJN determine si el Juez de lo Civil tiene competencia o existió intromisión y, en consecuencia, ratifique las facultades del IFT para resolver el diferendo sobre la interpretación de la reforma constitucional.
Mientras que para los dueños de estos medios de comunicación la controversia se centra en el control de los mercados, el Ejecutivo Federal persigue la ratificación de las facultades del IFT para hacer valer la competencia rectora del Estado Mexicano y definir las reglas del juego en materia de telecomunicaciones.
Clave fortalecer al Derecho
Al poner el caso en manos de la SCJN, el presidente Enrique Peña Nieto da muestras de buscar fortalecer el Estado de Derecho, a pesar de los más poderosos intereses fácticos que –incluso- fueron sus aliados en el ascenso de la carrera presidencial.
La SCJN, presidida por el Ministro Juan Silva Meza, será actor clave para que el Poder Ejecutivo concrete su esfuerzo de reconstruir al Estado en esta materia. Su papel como garante de la Constitución, las Instituciones y los derechos y obligaciones de los ciudadanos empieza a calentarse.
Nos encontramos en un momento histórico donde la legitimidad de la Constitución Política es cuestionada y estará a prueba por la vorágine de los cambios que sufrió. Durante 2014, la SCJN deberá velar por el debido control constitucional para equilibrar los poderes públicos, privados y fácticos.
