Desde siempre las víctimas de los delitos graves han sido los grandes olvidados del sistema de justicia del Estado mexicano, el cual durante siglos sólo se enfocó casi exclusivamente a perseguir y castigar a los delincuentes. La tarea de lograr una efectiva reparación de los daños en favor de las víctimas no formaba parte de su voluntad política. Esa crisis e incongruencia del Estado alcanzó su clímax durante la declaración de guerra en contra del crimen organizado, del ex Presidente Felipe Calderón, ante las miles de víctimas asesinadas, desaparecidas, secuestradas y desplazadas, especialmente cuando las definió como “efectos colaterales” de una lucha justificada.
Fue gracias al activismo de líderes ciudadanos gravemente afectados en sus vidas familiares y por la legítima presión de organismos civiles internacionales, que el tema de los derechos de las víctimas se colocó en la agenda del debate público.
Mujeres y hombres desempeñaron un papel crucial en la visibilización de sus propios casos, confrontándolos con los efectos de la corrupción, impunidad y autoritarismo en las estructuras del poder. Incluso hubo quienes gritaron a las autoridades “si no pueden, renuncien”.
Tuvieron que ser los propios ciudadanos quienes, ofendidos de delitos, levantaron sus voces en nombre de todas las víctimas en el país, con el fin de hacer visibles las historias de miles de inocentes a las que el Estado mexicano no sólo había dañado de muchas formas, sino despreciado abiertamente.
El planteamiento fundamental de todos los que referían la necesidad de justicia, no sólo exigía al Estado un cambio radical de estrategia, sino leyes de rango constitucional que reconocieran y realmente protegieran los derechos de las víctimas en México.
En paralelo a la redacción de esas supuestas leyes y su posterior aprobación en la Cámara de Diputados y Senadores, se creó la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos (Províctima) en septiembre del 2011 y, en diciembre del 2012, la Subsecretaría para la Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación. Finalmente, con el rescate y promulgación de la Ley General de Víctimas hasta enero del 2013, se consolidó la tendencia que obligó al Estado a un profundo replanteamiento de todo el aparato de justicia.
El pasado 8 de enero, el presidente Enrique Peña Nieto transformó a Províctima en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, otorgándole autonomía institucional, técnica y de gestión, enriqueciendo su objeto social para que no sólo brinde atención a las víctimas, sino para que sea una instancia generadora de políticas públicas para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia y a la reparación integral a las víctimas en los ámbitos federal, estatal y municipal.
Logro ciudadano
Las reformas en materia del Sistema Nacional de Atención a Víctimas son ejemplo elocuente de gobernanza y de la capacidad de la ciudadanía organizada para incidir en el mejoramiento del Estado de Derecho.
Sin desdeñar el mérito de las autoridades, la construcción del andamiaje legal e institucional para hacer valer los derechos de las víctimas en México, es un auténtico triunfo ciudadano.
