A casi un año de la promesa del presidente Enrique Peña Nieto de crear un organismo anticorrupción, el Senado de la República aprobó en comisiones un nuevo intento para combatir la corrupción.
Esta iniciativa de reforma anticorrupción plantea la creación de un órgano autónomo en sustitución de la actual Secretaría de la Función Pública.
Aunque está dirigida a vigilar a la burocracia, siempre asociada con prácticas de corrupción, también prevé sancionar a los particulares.
Y es que uno de los grandes flagelos nacionales, culpable del atraso del país, es la corrupción. Un mal arraigado en las entrañas de la sociedad y enquistado en las estructuras del sector público, privado, eclesiástico, judicial y legislativo. Al parecer, la intención del Senado es armonizar la legislación nacional con las medidas de organismos internacionales —ONU, OCDE y OEA— para la adopción y aplicación de normatividades como la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas —vigente en México—, la cual sanciona conductas como cohecho, extorsión, simulación, tráfico de influencias y la presentación de información falsa. Esta Ley establece multas para los particulares de hasta 9.5 millones de dólares o entre 30 y 35% del monto del contrato, con independencia de la responsabilidad penal y administrativa para las personas, empresas o servidores públicos involucrados.
Un término comúnmente asociado con la anticorrupción es el “compliance”, que representa el cumplimiento de todas las leyes, reglamentos, códigos y principios de ética aplicables a países, empresas y personas.
La tendencia internacional en Estados Unidos, Inglaterra y un gran número de países europeos es la creación de leyes y órganos anticorrupción, siendo las más relevantes el Foreign Corruption Practices Act (FCPA) y el UK Bribery Act, que otorgan a ciertos países la poderosa facultad de sancionar, incluso, a personas o empresas que incurran en actos de corrupción, sin importar que los hechos sucedan fuera de su territorio.
Armonizar leyes nacionales e internacionales.
México enfrenta un reto trascendente, pues se estima que en el caso de contrataciones públicas, el daño atribuido a la corrupción es regularmente de entre 10% a 25%, y en algunos casos hasta de 50% del monto del contrato, según datos de Transparencia Internacional.
Por ello, la iniciativa del Senado de crear una comisión anticorrupción deberá prever el aplicar las leyes existentes —como la Ley Anticorrupción en Contrataciones Públicas—, pero armonizada con muchas otras, con el fin de prevenir y erradicar el grave problema de la corrupción.
El abogado Humberto Morales Barrón insiste en que el éxito de una empresa deriva del resultado de ofrecer productos y servicios sobresalientes, pero conforme al cumplimiento de las leyes anticorrupción, con la finalidad de acceder a las grandes economías y contratos públicos que exigen cada vez más un comportamiento ético a escala nacional y global. El compliance regula el cabal cumplimiento corporativo de las leyes, reduciendo o eliminando riesgos e innecesarios costos económicos.
Los legisladores tienen la oportunidad de lograr una vacuna efectiva que contenga y erradique a la corrupción como enfermedad infecciosa de la sociedad mexicana.
