¿Qué pasaría si en las elecciones 2018 todos los ciudadanos mexicanos acudiéramos a votar a las urnas? Difícil saberlo porque estaríamos en el terreno de la utopía política. Pero no hace falta mucha ciencia para concluir que tendríamos resultados muy diferentes y, probablemente, márgenes más contundentes.

Según el estudio “Abstencionismo y cultura política en México” (Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública – Cámara de Diputados, 2012) el abstencionismo en México se ha duplicado en la historia reciente. Entre 1994 y 2009, la inasistencia de votantes subió de 23% a 41% y la tendencia va en ascenso. Según el INE, en las elecciones intermedias de 2015, más de la mitad de los mexicanos no emitió su voto y el panorama empeoró en 2016 en los procesos locales. Incomprensible que esto ocurra en un país cuya Constitución señala al voto como derecho y como deber desde 1917.

El problema es grave: son muchos los ciudadanos que no valoran su prerrogativa ni encuentran sentido en atender tal obligación. En realidad, no hay sanción para el desacato democrático ni para la apatía o negativa de emitir el voto. Hay quien opina que nadie ni nada puede obligar al ciudadano a emitir su voto, precisamente porque la abstención es, en sí misma, una libertad del ejercicio democrático. Pero no queda claro si el decidir no votar, es sinónimo de autodeterminación cívica.

Tal situación es lamentable en México porque la experiencia internacional demuestra que el voto obligado es un recurso que puede dar mejores resultados. En América Latina, los países con voto facultativo u obligatorio-sin sanción reportan índices mayores de abstencionismo (31.92% y 29.64% respectivamente en 2012), superiores a aquellos que sí sancionan la falta de voto (22.18% en el mismo año).

¿Necesitamos la amenaza de castigo legal para acudir necesariamente a votar? Al parecer sí, aunque también habría que discutir por qué una nación que tanto ha luchado para validar este derecho humano debe ser sometida a la coerción jurídica. Pero, ¿promueve el gobierno sinceramente la cultura del sufragio efectivo, más allá de aburridísimos spots publicitarios?

El investigador de la UNAM, Armando Soto, señala que México “necesita que el voto ciudadano lleve aparejada una sanción”, no solo para otorgar legitimidad a la elección de representantes populares sino para abonar mayor respaldo a la gobernabilidad. Coincido plenamente y cuestiono el estancamiento de las iniciativas que a este respecto han llegado al Congreso. Pese a los aparentes avances en materia electoral, validar el voto como obligación real y efectiva sigue siendo un resquicio desatendido.

INCREDULIDAD VS. VOTO OBLIGATORIO

La incipiente y vulnerable democracia mexicana no tiene garantía de permanencia. Es preciso cultivarla con el abono del voto ciudadano, pero no al estilo tan cuestionable de las elecciones 2017. Votar en conciencia o emocionalmente sí, pero nunca más bajo presiones o estímulos indebidos. El voto obligatorio que traiga aparejada una sanción, legal y efectiva, podría confirmar los sentimientos de tantas personas incrédulas convencidas de que no tiene sentido acudir a las urnas, pues el gobierno termina haciendo de las suyas. ¿Qué opina el INE respecto de este debate?


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