Caro, carísimo, nos ha costado el avance democrático. Según la supuesta sabiduría política: “el fin justifica los medios” y, en este caso, el objetivo de hacer valer nuestro voto electoral es, indudablemente, muy meritorio. Sin embargo, a estas alturas y a miles de millones de pesos de distancia, el sabor de boca que ha dejado la generosidad ciudadana en pos del anhelo de la democracia dista mucho de ser agradable.

Hoy podemos jactarnos de elecciones más competidas, más fiscalizadas y más observadas. El acarreo, los muertos que votan, las urnas embarazadas, la operación tamal o la caída del sistema parecen un penoso pasado electoral mexicano. De igual manera, los partidos políticos se mueven en un escenario más vistoso, más expuesto y están más arropados que nunca, pero el ajuar ha sido muy gravoso. La misma sociedad que antes estuvo ansiosa de proteger su derecho al voto, de tener más opciones políticas, ahora experimenta una incómoda resaca por el dispendioso financiamiento público que, a sus costillas, se ha otorgado a estos institutos políticos que por antonomasia constituyen las vías de acceso para la participación política.

De acuerdo con un estudio de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados, realizado en el año 2013 con base en datos del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), el financiamiento público otorgado a 16 partidos políticos nacionales en el periodo 2000-2013 ascendió a 45 mil 290 millones de pesos. Solamente siete de ellos: PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, MC y PANAL, mantuvieron su representación en el Congreso de la Unión al final del periodo.

Para el proceso electoral 2014-2015, en el que estamos inmersos desde el pasado 7 de octubre, ya a cargo del nuevo Instituto Nacional Electoral, el INE, la danza de los billetes es vigorosa. De los cerca de 4 mil millones de pesos destinados este año (2014) para actividades ordinarias y específicas de siete fuerzas políticas, poco más de 1 mil 587 millones -correspondientes a los últimos cinco meses-, fueron redistribuidos en 10 partidos políticos para integrar al presupuesto a los tres flamantes con registro: Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Encuentro Social (PES) y Humanista (PH). Cada uno recibirá más de 33 millones de pesos.

BARRILES SIN FONDO

Si bien el presupuesto para el año electoral 2015 será definido en enero, el anteproyecto elaborado por el INE solicita 18 mil 572.4 millones de pesos, aproximadamente 20% más de lo otorgado en el año previo de elecciones intermedias (2009). De esta cantidad, más de 28% está planeado para financiamiento ordinario y de campaña de esos 10 partidos, así como para sus actividades específicas y las esperadas –casi imposibles- candidaturas independientes.

Por si esto no fuese suficiente, en las recientes reformas electorales los legisladores abrieron otra vía para que los partidos políticos puedan recaudar más fondos, esta vez a través del financiamiento privado. La Ley General de Partidos Políticos suprimió el tope anual de 10% de financiamiento privado y estableció límites máximos anuales para las contribuciones. Así, para las inminentes  elecciones de 2015, la posibilidad de que los partidos se alleguen recursos por esta vía se triplicó y fue aún más allá, al aumentar de 33 millones a cerca de 110 millones la cantidad permitida de recursos aportados por militantes, candidatos y simpatizantes. En términos porcentuales, el incremento es -nada más y nada menos- de 226%.

Si ya el obeso financiamiento público ofendía, el aumento del financiamiento privado no solo atiza el agravio ciudadano y el de los buenos contribuyentes –esos que sí pagan impuestos-, sino que podría aumentar los riesgos que implica la multiplicación de personas con intereses electorales de toda índole.

Aunque la nueva legislación electoral exige a los partidos políticos presentar una lista mensual de los cooperadores y de las cuentas de origen, así como expedir recibos foliados y, en su caso, el registro federal de contribuyentes correspondiente, la pregunta sigue en el aire: ¿acaso la democracia es un gigante insaciable que se alimenta de dinero?

El ciudadano mexicano promedio no lo cree así y tiene argumentos sólidos para creerlo. Es evidente que hay una honda, justificable y comprensible molestia, además de enojo, de la sociedad. Finalmente, es mucho lo que se está invirtiendo para que “sus” partidos políticos le correspondan con meras iniciativas limitadas, muchos proyectos mediocres, nula creatividad, desprecio a sus bases, alejamiento de la gente, incapacidad de negociación, pleitos internos, malos ejemplos, prepotencia, deshonestidad, doble moral y pésima elección de candidatos, entre muchas, muchas, otras contraprestaciones.

PAGAN Y LES PEGAN

Sería interesante saber cuántos de los 85 millones 184 mil 446 ciudadanos registrados en el padrón electoral al 31 de julio pasado (año 2014) están de acuerdo en ser tan dadivosos, tan generosos, con sus partidos políticos o qué porcentaje de la ciudadanía considera que renovar los diputados del Congreso Federal, realizar 18 elecciones locales (9 de ellas con cargo de gobernador incluido) y cambiar 903 presidencias municipales y 639 diputados locales, tenga que costarles tanto.

Al elector contemporáneo le funcionaría sacar del baúl de las memorias negras de la Nación aquella frase del expresidente de México, José López Portillo: “No pago para que me peguen”. Las mismas palabras que aquella vez sólo evidenciaron la perversa relación de un mandatario con los medios, en estos momentos bien podrían expresar la burla y hartazgo de la que los votantes creen estar siendo víctimas. El agravio electoral es insostenible. El abstencionismo sigue aumentando.

Que no nos sorprenda entonces el generalizado rechazo ciudadano hacia estos institutos políticos partidistas que se han plantado como uno de los poderosos y egoístas beneficiarios del simulado avance democrático. Que no nos sorprenda entonces que la balanza de las preferencias ciudadanas se esté inclinando hacia candidatos, movimientos e iniciativas –precisamente- ciudadanas, y hacia candidaturas independientes; como opciones que adquieren mayor atractivo mientras menos facha de partido político tengan. Que no nos sorprenda, pues, que sean los propios partidos los que más están abonando el camino de las candidaturas ciudadanas.

Sí, hay quien diga que han habido aparentemente importantes avances, pero difícilmente en la proporción de los millonarios recursos invertidos o de las expectativas forjadas. Ni las cifras de ocho dígitos, ni los muchos ceros a la derecha han impedido que los partidos políticos traicionen a sus patrocinadores, es decir, traicionen a los ciudadanos; ni han impedido la incursión de capitales de procedencia ilícita o, al menos, dudosa, en campañas. Luego entonces, ¿cómo explicarnos la arbitraria asignación de candidaturas en todos los niveles, particularmente en el más inmediato al pueblo: el municipio? ¿Cómo entender el súbito y cínico enriquecimiento de algunos servidores públicos elegidos en las urnas? ¿Cómo aceptar la incursión del dinero del narcotráfico, de grupos criminales y de intereses oscuros en las campañas y en los gobiernos? ¿Cómo asimilar que personas de baja calaña y mediocre prestigio rijan a su antojo al grado de que solo un crimen de lesa humanidad pueda cimbrar su trono? ¿Cuántos Abarcas hay o ha habido en los últimos años en el México Democrático? Y, ¿cuáles de las candidaturas a puestos de elección popular han sido ofrecidas al mejor postor ($) y no al aspirante más capaz?

La diferencia no la hace la cantidad de recursos, sino la calidad de la gestión, la disciplina en el gasto, la honestidad hacia la causa social, la creatividad de los proyectos en favor del bienestar de la gente y el sincero compromiso ante el ciudadano.

Aunque se han hecho propuestas para imitar estrategias de otros países, particularmente de Estados Unidos donde se privilegia el financiamiento privado, la realidad es que, por ahora, no existe un método infalible para garantizar un sistema electoral pulcro, realmente auditable y completamente eficaz. Pero algunas tuercas podremos apretar para que en México, las malas prácticas dejen de ser tendencia para volverse meras excepciones. En efecto, como aplica en los demás ámbitos de la vida, no podemos dejarle al dinero el mayor peso de la encomienda, menos aún si se trata de una misión tan fundamental como la anhelada democracia efectiva.

El financiamiento público no es la panacea y tiene sus bemoles. No es inmune a la ineficiencia ni a la corrupción, promueve la dependencia del Estado, desanima la sana evolución y modernización de los partidos políticos, y no siempre promueve una sana competencia. Sin embargo, ya que hemos elegido el camino de la democracia cara, carísima, al menos cuidemos -los buenos mexicanos- nuestra inversión colectiva. Además de su puntual y considerable contribución económica, el elector tiene que participar, comprometerse a observar, vigilar, exigir legítimamente, cuestionar y denunciar, a fin de hacer realidad a la gobernanza a través de la acción social colaborativa.

Solo con leyes para el Bien de todos; solo dando prioridad no solo a la seguridad de la nación, sino primordialmente a la seguridad humana de los integrantes de la nación, podremos desencadenar fenómenos de auténtica democracia. Busquemos a esos ciudadanos que sí pagan pero que no están dispuestos a que les peguen. La democracia es real, vivencial, o no es nada.